Con el respaldo de Automóvil Club de Chile, el Ministerio de Transportes anunció la decisión del Gobierno de impulsar el proyecto de ley que crea un nuevo Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), iniciativa a la que se le puso urgencia simple y que permitirá implementar un sistema que identifica y multa a los vehículos que transiten a exceso de velocidad.

El proyecto tiene como eje central crear un nuevo servicio público descentralizado, de carácter fiscalizador, dependiente del Ministerio de Transportes, y que permita sancionar aquellas conductas donde el conductor exceda los límites de velocidad permitidos en puntos donde se encuentren instaladas las cámaras.

A diferencia del modelo de detección de infracciones que tuvo nuestro país hace más de una década, el nuevo sistema -único a nivel nacional- tiene como propósito reducir las muertes que se registran año tras año por exceso velocidad y para ello, los dispositivos se instalarán en aquellos puntos más críticos y con mayor número de siniestros viales. Además, los radares serán localizados de manera transparente, mediante una metodología de público conocimiento, en puntos de control debidamente señalizados.

Respecto al financiamiento, el proyecto plantea, entre otras cosas, crear un fondo de seguridad vial que también va a ser dependiente de esta cartera, cuyos aportes serán reasignados para promover proyectos y programas educativos sobre educación vial.

“Este tipo de tecnologías han demostrado internacionalmente ser la medida más efectiva de fiscalización y es el mejor sistema para contribuir a disminuir los siniestros viales, especialmente los fatales. Las estimaciones nos llevan a concluir que la instalación de fotorradares en Chile debería generar al menos un 30% de reducción de muertos por siniestros de tránsitos; ello implicaría salvar aproximadamente 500 vidas cada año”, sostuvo Alberto Escobar, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de Automóvil Club de Chile.

Paralelamente a este proyecto, el Ministerio de Transporte también comprometió el apoyo a la moción parlamentaria presentada en el Congreso y que reduce la velocidad urbana de 60 a 50 km/hr.